La memoria económica que el régimen no puede borrar
En medio de la profunda crisis económica que atraviesa Cuba, el gobierno vuelve a hablar de atraer inversión, incluso de cubanos que viven en el exterior. El discurso oficial insiste en que el país necesita capital, nuevos negocios y participación económica para reactivar una economía paralizada por años de ineficiencia y controles estatales.
Pero hay un problema que el régimen rara vez menciona: la memoria histórica de los cubanos.
Durante la década de 1990, tras el colapso de la Unión Soviética, el gobierno cubano permitió una limitada apertura económica. Surgieron los llamados mercados agropecuarios, espacios donde campesinos y pequeños productores podían vender directamente sus productos. Aquella medida permitió a muchos ciudadanos trabajar, producir y mejorar modestamente su situación económica en medio del llamado “Período Especial”.
Sin embargo, aquella apertura tenía límites claros.
Cuando el Estado comenzó a percibir que algunos ciudadanos estaban acumulando capital o prosperando más allá de lo tolerado por el sistema, comenzaron las campañas de control y confiscación.
Cuando el Estado cambió las reglas
Muchos cubanos recuerdan todavía operaciones conocidas popularmente como Plan Maceta y Operación Cascabel. Bajo el argumento de combatir el “enriquecimiento ilícito” o la actividad económica ilegal, las autoridades iniciaron procesos que incluyeron confiscaciones, cierre de negocios y sanciones contra personas que habían construido pequeños emprendimientos.
Más allá del lenguaje oficial, el mensaje que quedó en la memoria colectiva fue sencillo:
En Cuba las reglas económicas pueden cambiar en cualquier momento.
Lo que hoy se permite, mañana puede prohibirse.
Lo que hoy se incentiva, mañana puede ser castigado.
El problema no es la inversión: es la confianza
Hoy el gobierno vuelve a hablar de inversión, incluso de capital procedente del exilio. Sin embargo, cualquier inversionista —sea extranjero o cubano residente fuera de la isla— se hace preguntas elementales:
¿Existe una protección real de la propiedad privada?
¿Los contratos pueden defenderse ante tribunales independientes?
¿El Estado puede modificar las reglas del juego por decreto?
Sin garantías jurídicas claras, el riesgo de invertir en Cuba es demasiado alto.
La historia económica reciente demuestra que el problema no es la falta de dinero. El problema es la falta de confianza en el sistema.
Una lección que el régimen debería recordar
La inversión no depende solo de discursos políticos ni de anuncios económicos.
Depende de algo mucho más simple y fundamental: seguridad jurídica.
Mientras en Cuba no existan instituciones que garanticen el respeto a la propiedad, contratos estables y reglas que no cambien arbitrariamente, cualquier intento de atraer inversión seguirá enfrentando el mismo obstáculo.
Los mercados pueden abrirse por decreto.
La confianza, en cambio, se construye con hechos y con el tiempo.
Y esa es una lección que muchos cubanos aprendieron hace décadas.
Pastor Herrera Macuran
Horizonte Cubano – Análisis