Por Horizonte Cubano
En los últimos días, declaraciones de funcionarios del régimen cubano han vuelto a poner sobre la mesa un tema que durante décadas ha sido uno de los puntos más sensibles en la relación entre Cuba y Estados Unidos: las compensaciones por las propiedades confiscadas tras la Revolución de 1959.
El planteamiento, en apariencia técnico y económico, es en realidad profundamente político.
Porque no se trata solo de dinero.
Se trata de poder.
Durante años, el régimen cubano rechazó cualquier posibilidad de compensación directa. Hoy, sin embargo, comienza a enviar señales distintas. No porque haya cambiado su naturaleza, sino porque enfrenta una realidad económica insostenible que lo obliga a explorar nuevas vías de alivio.
Pero hay una condición clara, reiterada en el discurso oficial:
no habrá cambio de régimen.
Y ahí es donde se revela la verdadera intención.
El gobierno cubano intenta reposicionar el conflicto histórico con Estados Unidos como un problema estrictamente económico, reducible a cifras, negociaciones y acuerdos financieros. Bajo esa lógica, si se logra un entendimiento sobre compensaciones, se abriría la puerta a una relajación de sanciones y a un eventual flujo de inversiones.
Sin embargo, esa narrativa omite un elemento esencial:
El embargo no es únicamente consecuencia de las expropiaciones, sino también de la ausencia persistente de libertades políticas, elecciones libres y garantías democráticas en la isla.
Pretender resolver un problema político con una solución económica no solo es insuficiente, sino peligroso.
Porque implica legitimar un sistema sin exigirle transformación.
El régimen cubano no está proponiendo una transición.
Está proponiendo una transacción.
Busca convertir una deuda económica en moneda de cambio para evitar enfrentar su deuda política con el pueblo cubano. Una deuda mucho más profunda, acumulada durante más de seis décadas de control absoluto, represión y falta de derechos fundamentales.
Aceptar ese enfoque sería un error estratégico para Estados Unidos y para la comunidad internacional.
Cualquier proceso serio de normalización debe incluir no solo compensaciones económicas, sino compromisos verificables hacia la apertura política, el respeto a los derechos humanos y la construcción de instituciones democráticas.
De lo contrario, se correría el riesgo de fortalecer al mismo sistema que ha generado la crisis.
Cuba necesita inversión.
Pero necesita aún más libertad.
Y ninguna cantidad de dinero puede sustituir lo que el pueblo cubano lleva demasiado tiempo esperando.
Pastor Herrera Macuran
Horizonte Cubano
“Orden, verdad y futuro para Cuba y nuestra comunidad.”