Si las políticas migratorias de Estados Unidos llegaran a contribuir a un éxodo masivo de ciudadanos cubanos, la respuesta no podría limitarse al control de las fronteras. Una situación de esa magnitud tendría consecuencias humanitarias, diplomáticas y regionales que requerirían una actuación responsable de todos los gobiernos involucrados.
La gestión de una crisis migratoria debe partir del respeto a la dignidad de las personas y del cumplimiento de las obligaciones internacionales aplicables. Las decisiones sobre admisión, protección, retorno o traslado de migrantes deben adoptarse conforme a la ley y considerando las circunstancias de cada caso.
Al mismo tiempo, la comunidad internacional debe procurar que las políticas migratorias no agraven las condiciones de vulnerabilidad de quienes abandonan su país en busca de seguridad o mejores oportunidades.
Cuando existen acuerdos para trasladar personas a terceros países, estos deben respetar el marco jurídico vigente y las garantías de derechos humanos. Asimismo, cualquier proceso de retorno debe realizarse de forma segura, ordenada y conforme a las normas nacionales e internacionales aplicables.
La estabilidad de Cuba y la gestión responsable de los flujos migratorios son asuntos que afectan a toda la región. Por ello, cualquier política que pueda provocar desplazamientos masivos debería ir acompañada de mecanismos de cooperación internacional y de protección humanitaria, evitando que el costo recaiga principalmente sobre las personas migrantes.
La solución duradera no consiste únicamente en administrar las consecuencias de la migración. También requiere abordar las causas que llevan a miles de cubanos a abandonar su país y promover condiciones que permitan a quienes deseen permanecer en Cuba hacerlo con seguridad, oportunidades y perspectivas de futuro.