Por Pastor Herrera Macurán
Fundador y Editor de Horizonte Cubano News
La visita del presidente colombiano Gustavo Petro a La Habana, pocos días antes de concluir su mandato, no es un simple gesto protocolario. Se produce en un momento de profundo cambio político, cuando el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha anunciado su intención de romper relaciones diplomáticas con Cuba una vez asuma el cargo.
Las diferencias entre ambos gobiernos son evidentes. Mientras Petro mantuvo una política de acercamiento con La Habana, su sucesor ha manifestado que no mantendrá vínculos con los gobiernos de Cuba y Nicaragua por razones políticas e ideológicas.
Sin embargo, más allá de las posiciones políticas, conviene formular una pregunta de interés nacional para Colombia.
¿Qué implicaciones prácticas tendría una ruptura total de relaciones?
Durante décadas, Cuba desempeñó un papel reconocido como sede y país garante en diversos procesos de diálogo entre el Estado colombiano y grupos armados, incluido el proceso que condujo al Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. También acogió conversaciones con el ELN en diferentes etapas.
Eso no significa que la política exterior colombiana deba permanecer inalterable. Todo gobierno elegido democráticamente tiene el derecho de redefinir sus relaciones internacionales de acuerdo con su programa y con los intereses que considera prioritarios para el país.
Pero también es legítimo preguntarse si una ruptura diplomática elimina espacios de comunicación que, en determinadas circunstancias, podrían resultar útiles para la diplomacia, la cooperación o eventuales esfuerzos de paz.
Las relaciones entre los Estados rara vez son permanentes. Cambian con los gobiernos, con las prioridades nacionales y con la evolución de los acontecimientos internacionales. Lo importante es que esas decisiones se evalúen no solo desde la perspectiva ideológica, sino también considerando sus posibles efectos para Colombia y para la región.
La política exterior debe servir, ante todo, a los intereses nacionales.
Y esos intereses merecen un debate amplio, informado y responsable antes de adoptar decisiones que pueden tener consecuencias de largo alcance.