En mi criterio, la Asamblea Constituyente de 1940 debió abordar expresamente las implicaciones constitucionales y jurídicas de los tratados internacionales vigentes entre Cuba y los Estados Unidos, incluido el Tratado de Relaciones de 1934. La ausencia de un tratamiento específico de ese tema dejó interrogantes que, a mi juicio, continúan siendo objeto de análisis y debate entre historiadores, constitucionalistas y estudiosos del Derecho.
Asimismo, considero que el contexto político de la época, marcado por fuertes corrientes nacionalistas y por un intenso debate sobre las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, influyó en las prioridades de la Asamblea Constituyente. Corresponde a los historiadores y juristas continuar examinando hasta qué punto ese contexto condicionó las decisiones adoptadas y cuáles fueron sus efectos sobre la evolución constitucional de la República.
Estas reflexiones no pretenden cerrar el debate, sino abrirlo. El estudio de la historia constitucional exige analizar los documentos originales, los procedimientos seguidos y el contexto político en que fueron adoptadas las decisiones fundamentales. Solo a través de un examen riguroso de las fuentes es posible enriquecer el debate público y comprender con mayor profundidad la evolución institucional de Cuba.
Si Cuba aspira algún día a construir una República plenamente democrática, estable y respetuosa del Estado de Derecho, considero indispensable que estos asuntos se debatan de manera abierta y transparente. Temas como la vigencia e interpretación de los tratados internacionales, el alcance de la soberanía nacional y la continuidad del orden constitucional no deben permanecer ocultos debajo de la alfombra ni evitarse por razones políticas o ideológicas. Deben ser analizados con seriedad, sustentados en documentos, en el Derecho y en la historia, para que el pueblo cubano pueda conocer todas las perspectivas y formar libremente su propio criterio sobre el futuro constitucional de la nación.