Por Horizonte Cubano News
El petróleo de Venezuela no pertenece a un presidente, a un ministro, a un partido político ni a un grupo que circunstancialmente controle el poder.
Tampoco pertenece a Washington.
El petróleo venezolano constituye parte del patrimonio de una nación y de su pueblo. Por eso, cualquier acuerdo que pueda comprometer durante años una parte significativa de esa riqueza merece algo elemental en cualquier sociedad que pretenda llamarse republicana: transparencia, legalidad y rendición de cuentas.
La cuestión adquiere todavía mayor importancia cuando se afirma que existen entendimientos relacionados con petróleo venezolano y los intereses estratégicos de Estados Unidos.
La primera pregunta debería ser sencilla:
¿Dónde está el acuerdo?
La segunda es todavía más importante:
¿Quién lo firmó, bajo qué autoridad jurídica y cuáles son exactamente las obligaciones asumidas por cada parte?
¿QUIÉN PUEDE COMPROMETER A ESTADOS UNIDOS?
En Estados Unidos no basta con que una persona diga que está negociando “en nombre de Estados Unidos” para que automáticamente pueda comprometer jurídicamente a la nación.
La Constitución establece un procedimiento específico para los tratados internacionales. El presidente tiene facultad para negociarlos, pero un tratado requiere el consejo y consentimiento del Senado, con el voto favorable de dos tercios de los senadores presentes.
Al mismo tiempo, el sistema constitucional estadounidense también reconoce otras categorías de acuerdos internacionales, incluidos acuerdos ejecutivos que no necesariamente pasan por ese mismo procedimiento senatorial.
Por eso, antes de afirmar que determinado acuerdo petrolero es legal o ilegal, hay que conocer algo fundamental:
qué clase de instrumento jurídico es.
Si existe un acuerdo relacionado con petróleo venezolano que compromete al Gobierno de Estados Unidos, deben conocerse su naturaleza jurídica, la autoridad utilizada para celebrarlo, las obligaciones asumidas, las partes que lo suscribieron y, cuando corresponda, la participación del Congreso.
Y si no se trata de un acuerdo entre gobiernos, sino de contratos comerciales celebrados por compañías privadas, también debe decirse claramente.
Una empresa privada estadounidense puede realizar operaciones comerciales internacionales cuando la ley, las licencias y las sanciones aplicables lo permitan.
Pero una empresa privada no se convierte por ello en el Gobierno de Estados Unidos.
Esa diferencia es fundamental.
¿QUIÉN ES EL DUEÑO DEL PETRÓLEO?
También existe una pregunta que debe formularse desde Venezuela.
¿Quién tiene autoridad para comprometer los recursos petroleros venezolanos y bajo qué disposiciones de la Constitución y las leyes venezolanas?
Ningún funcionario debería poder disponer de los recursos nacionales como si fueran patrimonio personal.
Si Delcy Rodríguez, o cualquier otro funcionario venezolano, participó en acuerdos relacionados con los recursos petroleros del país, esos actos deben poder ser examinados conforme al derecho venezolano.
Eso no significa declarar culpable a nadie anticipadamente.
Significa exactamente lo contrario: exigir instituciones.
Si los actos fueron legales, que se demuestre.
Si existieron las autorizaciones necesarias, que se publiquen.
Si existen contratos, que puedan conocerse en la medida permitida por la ley.
Y si una investigación independiente determinara que cualquier funcionario violó las leyes venezolanas o excedió sus facultades, deberá responder ante la justicia con todas las garantías del debido proceso.
Eso es Estado de derecho.
VENEZUELA NO NECESITA CAMBIAR UNA DEPENDENCIA POR OTRA
Durante generaciones, América Latina ha denunciado gobiernos que subordinaban los intereses nacionales a los intereses de potencias extranjeras.
Ese principio no debería cambiar dependiendo de cuál sea la potencia extranjera.
Estados Unidos no necesita gobernantes extranjeros obedientes.
Necesita vecinos estables, instituciones legítimas, economías funcionales y gobiernos capaces de representar los intereses de sus propios ciudadanos.
Y Venezuela tampoco necesita sustituir una dependencia política por otra.
Un país soberano puede negociar con Estados Unidos.
Puede vender petróleo a compañías estadounidenses.
Puede recibir inversión extranjera.
Puede reconstruir su industria energética con capital internacional.
Puede establecer relaciones económicas profundas con Washington.
Nada de eso significa entregar su soberanía.
La diferencia está en las condiciones.
Una negociación entre naciones soberanas debe producir beneficios verificables para ambas sociedades, no simplemente para quienes se encuentran circunstancialmente sentados alrededor de una mesa.
¿DÓNDE ESTÁ EL CONTRATO?
Esta debería convertirse en una pregunta pública tanto en Caracas como en Washington.
Si existe un gran acuerdo petrolero, debe explicarse qué es.
¿Es un tratado?
¿Es un acuerdo ejecutivo?
¿Es un acuerdo comercial?
¿Es una licencia?
¿Es un contrato entre PDVSA y una compañía privada?
¿Participa directamente alguna agencia del Gobierno estadounidense?
¿Quién recibe el petróleo?
¿Quién paga por él?
¿A qué precio?
¿Dónde se depositan los ingresos?
¿Durante cuánto tiempo estarán comprometidos los recursos?
¿Existe alguna garantía relacionada con reservas petroleras venezolanas?
Estas preguntas no constituyen propaganda contra Estados Unidos ni contra Venezuela.
Son preguntas elementales de transparencia pública.
BOLÍVAR NO LUCHÓ PARA CAMBIAR DE AMO
Existe además una dimensión histórica que los venezolanos no deberían olvidar.
Simón Bolívar no cruzó montañas, organizó ejércitos y dedicó su vida a la independencia para que, dos siglos después, Venezuela simplemente cambiara una dependencia extranjera por otra.
Francisco de Miranda no dedicó décadas a imaginar una América libre para que los recursos de las nuevas repúblicas terminaran administrándose sin conocimiento de sus pueblos.
Antonio José de Sucre no combatió por una república sometida.
José Antonio Páez, con todas las controversias posteriores de nuestra historia latinoamericana, formó parte de una generación que peleó para que Venezuela pudiera decidir su propio destino.
Aquellos hombres tuvieron diferencias enormes entre ellos.
Pero compartían una palabra:
independencia.
Probablemente se revolverían en sus tumbas si contemplaran a cualquier generación de latinoamericanos entregando voluntariamente la soberanía que ellos conquistaron con sangre.
ESTADOS UNIDOS TAMBIÉN DEBE EXIGIR TRANSPARENCIA
Esta discusión tampoco debe convertirse en un ataque contra Estados Unidos.
Precisamente porque Estados Unidos es una república constitucional, sus ciudadanos tienen derecho a conocer bajo qué autoridad su gobierno compromete recursos, adopta obligaciones internacionales o establece acuerdos económicos estratégicos.
El Congreso tiene importantes facultades constitucionales sobre legislación, apropiaciones y comercio, mientras que el Senado posee específicamente el papel constitucional de consejo y consentimiento respecto de los tratados.
La separación de poderes existe precisamente para impedir que decisiones extraordinariamente importantes dependan exclusivamente de la voluntad de una sola persona.
Por eso la transparencia beneficia a ambos pueblos.
NEGOCIAR SÍ. ENTREGAR LA SOBERANÍA, NO.
Horizonte Cubano News no sostiene que Estados Unidos y Venezuela no deban negociar.
Sostenemos exactamente lo contrario.
Washington y Caracas deberían negociar.
Estados Unidos necesita estabilidad energética y económica en el hemisferio.
Venezuela necesita inversión, tecnología, mercados y reconstrucción económica.
Existe espacio para un acuerdo extraordinariamente beneficioso para ambas naciones.
Pero una verdadera negociación debe realizarse entre países que se respetan.
No entre amos y subordinados.
No mediante intermediarios cuya autoridad nadie puede explicar.
No mediante contratos secretos que comprometan riquezas pertenecientes a generaciones que todavía no han nacido.
Y mucho menos bajo la idea de que los recursos naturales de una nación pertenecen al grupo que controla temporalmente el palacio presidencial.
EL PETRÓLEO PERTENECE AL PUEBLO VENEZOLANO
Los gobiernos pasan.
Los presidentes pasan.
Los ministros pasan.
Los partidos pasan.
Pero Venezuela permanece.
Sus reservas petroleras forman parte del patrimonio nacional venezolano y cualquier administración de esos recursos debe realizarse conforme a la Constitución, las leyes y los intereses de Venezuela.
Si existe un acuerdo extraordinario entre Washington y Caracas, publíquense sus fundamentos jurídicos.
Explíquese quién negoció.
Explíquese quién firmó.
Explíquese quién autorizó.
Explíquese quién recibe el dinero.
Explíquese qué recibe Estados Unidos.
Explíquese qué recibe Venezuela.
Y entonces dejemos que los ciudadanos juzguen.
Porque después de más de dos siglos de independencia latinoamericana, existe un principio que no debería necesitar explicación:
Venezuela puede negociar con Estados Unidos, pero Venezuela no pertenece a Estados Unidos.
Y tampoco pertenece a quienes hoy gobiernan Venezuela.
Venezuela pertenece a los venezolanos.
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