Por Horizonte Cubano News
Las recientes denuncias de migrantes de Cuba, Honduras y Ecuador que aseguran haber sido trasladados por las autoridades migratorias de Estados Unidos a la República Centroafricana sin haber sido previamente informados de ese destino plantean una cuestión que va mucho más allá del debate político sobre inmigración.
La pregunta fundamental es sencilla: ¿puede el Gobierno de Estados Unidos ejecutar una deportación sin respetar plenamente los derechos y procedimientos establecidos por sus propias leyes?
Nuestra posición es que no.
Estados Unidos tiene el derecho soberano de hacer cumplir sus leyes migratorias. Una persona que carezca de autorización legal para permanecer en el país puede estar sujeta a un procedimiento de expulsión y, cuando exista una orden válida y se hayan agotado los recursos correspondientes, el Gobierno tiene facultades para ejecutarla.
Pero esa autoridad no es ilimitada.
El Gobierno también está obligado a cumplir la Constitución, las leyes aprobadas por el Congreso, las decisiones de los tribunales y las obligaciones internacionales asumidas por Estados Unidos.
Una deportación no elimina el debido proceso
El caso adquiere particular importancia porque los migrantes denunciaron que no fueron informados previamente de que serían enviados a la República Centroafricana y que algunos sostienen haber contado con protecciones u órdenes judiciales relacionadas con su situación migratoria.
Estas afirmaciones deben ser investigadas y determinadas por los tribunales. Una denuncia no constituye por sí sola una prueba definitiva de que ocurrió una violación.
Pero si se demuestra que alguna de estas personas fue trasladada a un tercer país sin el procedimiento que legalmente le correspondía, o en violación de una orden judicial vigente en su caso, la respuesta del Estado de derecho debe ser corregir esa actuación.
La política migratoria no puede convertirse en una zona donde el Gobierno pueda actuar al margen de sus propias reglas.
Regresar a Estados Unidos no significa conceder residencia
También debe evitarse una confusión.
Si un tribunal determinara que la deportación de una persona fue ejecutada ilegalmente, ordenar o facilitar su regreso a Estados Unidos no tendría por qué significar concederle residencia permanente, ciudadanía, asilo ni autorización definitiva para permanecer en el país.
Significaría algo mucho más elemental: devolverla, cuando jurídicamente corresponda, a la posición necesaria para que pueda recibir el procedimiento que debió habérsele garantizado originalmente.
Después de eso, su caso migratorio continuaría conforme a la ley.
Un juez podría finalmente determinar que esa persona debe permanecer en Estados Unidos, que tiene derecho a alguna protección migratoria o, por el contrario, que puede ser legalmente deportada.
Lo importante es que esa decisión se adopte mediante el procedimiento establecido y no simplemente mediante una actuación administrativa que posteriormente resulte contraria a derecho.
Corregir una injusticia no significa automáticamente pagar dinero
Existe además otro aspecto que debe discutirse con responsabilidad.
Si se demuestra que los derechos de estas personas fueron violados, consideramos que la prioridad debería ser reparar jurídicamente el daño procesal, incluyendo su regreso a Estados Unidos si esa fuese la medida necesaria para restablecer el procedimiento correcto.
Eso no significa que cada error del Gobierno deba convertirse automáticamente en una indemnización económica pagada por los contribuyentes estadounidenses.
Una reclamación monetaria contra el Gobierno federal constituye una cuestión jurídica diferente y mucho más compleja. Dependería de las circunstancias particulares, de la legislación aplicable, de las posibles inmunidades del Gobierno y de lo que finalmente determinen los tribunales.
Defender el debido proceso no obliga a convertir cada violación administrativa en una compensación millonaria.
Puede existir una solución más razonable: corregir el acto, restituir el proceso y permitir que el sistema judicial decida correctamente el futuro migratorio de la persona.
Ni impunidad migratoria ni arbitrariedad gubernamental
El debate migratorio estadounidense se ha vuelto tan polarizado que frecuentemente parece que solamente existen dos posiciones.
Una sostiene que prácticamente toda deportación constituye una injusticia.
La otra parece aceptar que, por tratarse de personas sujetas a deportación, el Gobierno puede emplear cualquier procedimiento para expulsarlas.
Ambas posiciones son equivocadas.
Una persona puede estar legalmente sujeta a deportación y conservar al mismo tiempo derechos que el Gobierno debe respetar.
El cumplimiento de la ley migratoria y el respeto al debido proceso no son principios incompatibles.
Son, precisamente, dos obligaciones simultáneas de un Estado de derecho.
El poder también debe someterse a la ley
La fortaleza de Estados Unidos no consiste únicamente en controlar sus fronteras o ejecutar sus leyes migratorias.
También reside en algo mucho más profundo: que incluso el Gobierno está sometido a la ley.
Hoy puede tratarse de un cubano, un hondureño o un ecuatoriano sujeto a deportación. Mañana puede tratarse de cualquier persona cuyos derechos dependan de que una agencia federal respete los límites que la Constitución y las leyes le imponen.
Por eso este asunto no debería analizarse exclusivamente desde posiciones partidistas ni desde simpatías hacia quienes fueron deportados.
Debe analizarse desde un principio básico:
si el Gobierno actuó conforme a la ley, debe poder demostrarlo. Si no lo hizo, debe corregir su actuación.
Y si para restablecer el debido proceso es necesario devolver a alguna de estas personas a Estados Unidos, debe hacerse, sin que ello determine anticipadamente el resultado final de su caso migratorio y sin que implique automáticamente una compensación económica.
Defender ese principio no significa estar a favor o en contra de las deportaciones.
Significa estar a favor del Estado de derecho.
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