Mientras en Washington se discuten sanciones, migración, crisis humanitaria y hasta escenarios de cambio político en Cuba, hay un elemento clave que rara vez aparece en el debate público:
el marco jurídico vigente entre Estados Unidos y Cuba.
Ese marco tiene nombre y fecha: el Tratado de Relaciones de 1934 entre Cuba y Estados Unidos.
Y su omisión no es un detalle menor. Es el centro del problema.
Un tratado que nunca desapareció
El Tratado de 1934 no es historia muerta.
No fue anulado.
No fue reemplazado por un nuevo acuerdo integral.
No dejó de existir tras 1959.
Por el contrario, contiene una cláusula clave:
sus disposiciones “permanecerán en vigor”.
Esto significa que, jurídicamente, la relación entre Estados Unidos y Cuba no está en un vacío legal. Existe una base formal que sigue activa.
Y eso cambia completamente la forma en que debe analizarse la política hacia la isla.
La contradicción de la política actual
Hoy, gran parte de la política estadounidense hacia Cuba se basa en una narrativa implícita:
tratar al régimen cubano como si representara plenamente al Estado cubano.
Pero aquí surge una contradicción fundamental:
El tratado fue firmado con la República de Cuba, no con un régimen revolucionario posterior.
La continuidad jurídica del Estado no equivale a la legitimidad del gobierno que lo controla.
Este punto es crítico.
Porque si se reconoce la continuidad del tratado, también se abre la puerta a una interpretación distinta:
el Estado cubano existe jurídicamente, pero su representación política puede estar en disputa.
Guantánamo: la prueba que nadie discute
Si el tratado fuera irrelevante, habría un hecho imposible de explicar:
la existencia de la base naval en Base Naval de Guantánamo.
Ese territorio sigue bajo control estadounidense no por decisión reciente, sino por acuerdos derivados de esa misma relación jurídica.
En otras palabras:
Estados Unidos actúa como si el tratado sigue vigente… pero evita mencionarlo cuando se trata del resto de la política hacia Cuba.
¿Por qué no se habla de esto?
La respuesta no es jurídica. Es política.
Reconocer abiertamente el Tratado de 1934 implicaría aceptar que:
Existe una relación legal activa entre ambos países
Las obligaciones no han desaparecido
La política hacia Cuba debe evaluarse bajo ese marco
Y eso complicaría muchas decisiones actuales.
Desde sanciones hasta negociaciones, todo tendría que justificarse no solo políticamente, sino también jurídicamente.
Lo que realmente está en juego
Este no es un debate académico.
Tiene consecuencias reales:
Para las familias cubanas afectadas por restricciones
Para ciudadanos estadounidenses con vínculos en la isla
Para cualquier intento serio de transición futura
Porque si el marco jurídico existe, entonces también existe una base para:
-redefinir la relación bilateral
– establecer responsabilidades
– y, sobre todo, cuestionar la legitimidad de las decisiones actuales
La pregunta que queda abierta
La verdadera pregunta no es si el Tratado de 1934 existe.
La pregunta es otra:
¿por qué se evita sistemáticamente en el debate político en Washington?
Porque en ese silencio puede estar la clave de toda la política hacia Cuba.
Pastor Herrera Macuran
Horizonte Cubano News
Análisis serio para el futuro de Cuba y el hemisferio.